Dación en pago retroactiva, inembargabilidad de la vivienda única también para el avalista (rechazados de plano por el Partido Popular), alquiler social y un parque público de vivienda, principales puntos de la moción presentada por Sí Se Puede Calvià y aprobada en el pleno de noviembre del consistorio, convirtiéndose en declaración institucional
En la Sala, miembros de la Plataforma Anti Deshaucios (PAD), quienes, a pesar de no tener reservada la palabra, intervinieron expresando su problemática. El alcalde, Alfonso Rodríguez Badal, lo permitió dada gravedad de las exposiciones, aunque se reflejará en acta la intervención fuera del reglamento y la normativa que rige una sesión plenaria.
“Esta propuesta huele a urnas. En Catalunya tienes ‘Junts pel Sí’ y aquí tenemos ‘Junts pel No”. Sólo pedimos una alternativa a la dación en pago retroactiva y que se retire la imbargabilidad de la primera vivienda, porque esto provocará que ningún banco conceda créditos ni hipotecas desde ese momento”, argumentaba el Partido Popular a través de su portavoz, José Manuel Ruíz. Consiguió el abucheo de los activistas presentes.
Por su parte los impulsores de la declaración, Sí Se Puede Calvià con PSOE, Esquerra Oberta de Calvià y Grupo Mixto, no dieron tregua. Israel Molina, de SSPC, aseguraba que “esto no huele a urnas, esto huele a decencia, porque hay que regular seriamente el derecho a la vivienda y cubrir las medidas mínimas para afrontar la emergencia habitacional”.
Garantías para los derechos de las personas
La declaración contiene una batería de propuestas, también supramunicipales y entidades bancarias, para instarlas a garantizar el derecho a una vivienda digna para todas las familias, incluso no ya en riesgo sino en dura exclusión social
Así, se emplaza a las administraciones central y autonómica, entidades bancarias y juzgados al compromiso de modificar la legislación para garantizar la residencia a personas “en una situación de emergencia y vulnerabilidad habitacional constatadas”
También se aprobó que los Servicios Sociales del municipio ofrezcan un apoyo especializado a personas que no puedan, realmente, enfrentarse al pago de la vivienda, la luz o el agua, con ayudas puntuales asesoramiento integral, entre otras medidas.
Las iniciativas
Al Gobierno central se le solicita que legisle una dación en pago con efecto retroactivo, lo que implicaría la condonación de la deuda si se modifica la legislación actual. Además, Calvià pide un alquiler social garantizado, por parte de las entidades bancarias, para aquellas personas que han tenido que dar su vivienda en pago y no tienen otra alternativa habitacional
Al Govern se le solicita un parque público de viviendas, en coordinación con el propio Ayuntamiento de Calvià, en el que los pisos vacíos en manos de los bancos puedan albergar alquileres sociales, donde el precio a pagar no supere el 30 por ciento de los ingresos de la unidad familiar, incluso un 10% si la situación de necesidad así lo demuestra.
A las compañías suministradoras de luz y agua se les solicita que no corten los servicios a los hogares en situación de vulnerabilidad, y las ayudas irán en función de la capacidad adquisitiva de la unidad familiar.
Más protección Social
El punto 38 del orden del día también se aprobó por mayoría, sin la unanimidad del PP. En él, presentado por el grupo municipal socialista, se conviene solicitar la derogación de la ley que priva a las entidades locales de las competencias en materia de prestación de los servicios sociales y de la promoción y reinserción social, así como otras competencias: sanidad, consumo, igualdad, políticas activas de ocupación…
Según expuso el alcalde, Alfonso Rodríguez Badal, “estas competencias son de las que deben permanecer en los ayuntamientos porque son servicios, necesariamente, de proximidad”.
La moción está consensuada con la FEM, la Federación Española de Municipios. La nueva ley que priva a las entidades locales de estas competencias, puede entrar en vigor, si no se remedia, el uno de enero de 2016. “Entonces dos millones y medio de personas se quedarán sin asistencia ni políticas sociales. Más de 3.000 alcaldes de toda España ya han manifestado su rechazo a esta ley, y nosotros vamos a hacer lo posible para que no entre en vigor. Por mucho que digan desde el Gobierno que no se activará, lo queremos por escrito”, dijo.
Blanca Garau
