Según el informe sobre Pobreza Energética de la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), el 17 por ciento de los hogares españoles (más de 7 millones de personas) tienen dificultades para pagar las facturas de la energía doméstica, y según la Encuesta de Presupuestos Familiares, EPF, y la Encuesta de Condiciones de Vida, ECV, entorno al 10 por ciento de la población española, unos cuatro millones de personas, sufre la pobreza energética.
En Baleares, un 7% de la población está en situación de pobreza energética y, de estos, el 20 por ciento se ven obligados a pagar las facturas de suministros básicos con retraso. Destaca que la pobreza energética (PE) depende, fundamentalmente, de tres componentes: de los ingresos familiares, de los costes de la energía y de la calidad de la vivienda en cuanto a su eficiencia. Así, el grupo municipal Esquerra Oberta presentó a pleno, para su debate y aprobación, una serie de medidas para la lucha contra ella.
La iniciativa, aprobada por unanimidad, se suma a la puesta en marcha, por parte del Govern y con una dotación inicial de 200.000 euros, de una Mesa de Lucha contra la PE, en la que están representadas las diferentes administraciones, así como organizaciones sociales, de consumidores y empresas energéticas. El consistorio se va a adherir a ella.
Derecho a los suministros básicos
El Ayuntamiento de Calvià elaborará un plan contra la PE en el que se pueda garantizar el derecho de las personas a los suministros básicos del hogar, para identificar, prevenir y corregir las situaciones detectadas desde Servicios Sociales. En las medidas se contempla la financiación o subvención de micro-medidas de eficiencia mediante pequeñas inversiones.
A nivel municipal, se aprobó también iniciar negociaciones con las compañías energéticas para establecer un protocolo de lucha contra la PE, la posibilidad del pago de dos facturas por parte del Ayuntamiento con posibilidad de ser devueltas total o parcialmente en meses de menor consumo y, también, instar al Gobierno de España a aprobar una Ley que incluya medidas de prevención y que regule el sistema de suministros básicos del hogar, primando el ahorro y penalizando los consumos ineficientes, además de un control de tarifas para que no sean objeto de mercado.
La moción también busca un IVA reducido para el precio de gas y electricidad a nivel doméstico.
Con ayudas sociales, no hay cortes por impago
La Federación de Entidades Locales de Balears (FELIB) y Endesa cuentan, desde enero de 2014, con un acuerdo que aúna también a 25 ayuntamientos de, por el que ninguna persona con ayudas sociales de una corporación local sufre cortes de luz por impago. También la nueva Mesa de la Pobreza Energética aprobó activar una moratoria que impida, este invierno, cortar la luz a las personas vulnerables.
El año pasado se tramitaron unas 550 solicitudes de ayuda. Los principales ayuntamientos de la isla y las ONGs Càritas Mallorca y Creu Roja recibieron, en 2015, más de 3.000 peticiones de ayuda de personas que, con o sin ingresos, no podían hacer frente al pago de los recibos del suministro.
Una información de Blanca Garau.
