En el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB) del 13 de abril pasado se publicaba el Programa para la Restauración de las Torres del Sistema Costero de Defensa, Vigilancia y Alerta de Mallorca (2017-2020, después de ser aprobado por el Pleno del Consell de Mallorca, el 12 de diciembre de 2016.
Por un lado, el Programa, de carácter plurianual, establece que el Consell tiene que redactar los proyectos de restauración y tiene que aportar tanto el personal técnico como la mano de obra para ejecutarlos, mediante las brigadas de albañiles del Servicio de Patrimonio Histórico del Departamento de Cultura, Patrimonio y Deportes. Una aportación, en horas de trabajo, que tiene un coste económico aproximado de 500.000 euros.
Por otro lado, el propietario de la torre, sea público o privado, se hace cargo del resto de gastos (materiales, transporte y otros), así como de obtener las licencias y los permisos necesarios. Los propietarios interesados tienen hasta el 30 de mayo para presentar una solicitud al programa.
La convocatoria establece que la selección de las torres susceptibles de entrar dentro del programa plurianual se lleve a cabo mediante un régimen de concurrencia competitiva y que cada persona propietaria sólo puede solicitar la restauración de una torre costera.
Del conjunto de torres de los siglos XVI y XVII, que se consideran coetáneas a la época de Joan Binimelis, este Programa se dirige a aquellas que son susceptibles de restauración, por el hecho de presentar un estado de deterioro notable, pero que no supone peligro de colapso estructural, y aquellas que necesitan una restauración urgente, porque el estado de deterioro ya está próximo al colapso estructural. En cambio, no se incluyen las torres que presentan un estado ruinoso o que el grado de deterioro imposibilita una restauración fidedigna al estado original. Tampoco se pueden acoger aquellas torres que han sufrido intervenciones no adecuadas irreparables y que han perdido, en consecuencia, el interés histórico.
La Comisión Técnica que tiene que valorar las solicitudes presentadas tiene en cuenta el estado de conservación de la torre, el entorno –especialmente, si las torres costeras están situadas en el entorno original, donde no se han hecho construcciones nuevas que desvirtúan el espacio que las rodea- y también la disponibilidad para la visita pública, teniendo en cuenta que, según la Ley de patrimonio histórico de las Islas Baleares, la propiedad está obligada, al tratarse de un bien de interés cultural (BIC), a permitir visitas «al menos cuatro días al mes y en días y horas previamente señalados».
