El penúltimo pleno de esta legislatura en Calvià, además de declarar su apoyo institucional absoluto e incondicional para con el accidente del Ferry Sorrento, ha aprobado inicialmente la Ordenanza Municipal Reguladora del Informe de Evaluación de Edificios para la rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, lo que asegurará la calidad y sostenibilidad del parque edificado.
Según la ley estatal, con estas normativas se busca facilitar a las Administraciones la adaptación gradual en el tiempo de la información precisa para evaluar el cumplimiento de las condiciones básicas legalmente exigibles, tanto en materia de conservación como de accesibilidad, además de informar sobre la eficiencia energética del edificio. Para estas acciones se destinan ayudas.
Edificios residenciales con una antigüedad superior a los 50 años (en municipios de más de 25.000 habitantes, como es el caso de Calvià) deben ponerse al día en un máximo de cinco años, a menos que ya cuenten con la inspección técnica en vigencia (menos de 10 años). Además los edificios cuyos propietarios pretendan acogerse a ayudas públicas y el resto de los edificios dentro de la normativa deberán actualizar sus evaluaciones. La Ordenanza propuesta toma como modelo la Ordenanza Tipo Reguladores del Informe de Evaluación de Edificios impulsada desde la Federación Española de Municipios y Provincias.
La ordenanza estará en exposición pública los próximos 30 días para la presentación de alegaciones y sugerencias y entrará en vigor, en su caso, el 1 de enero de 2016.
Código Seguro de Verificación (CSV)
Otro de los temas que ha ocupado un tiempo en el pleno ha sido el informe para regular la Administración Electrónica regulando y estableciendo el sistema de código seguro de verificación (CSV), como sistema de firma electrónica para la actuación automatizada del Ayuntamiento y para la generación de copias auténticas en soporte papel de documentos públicos administrativos, emitidos por medios electrónicos y firmados electrónicamente.
El CSV contribuirá a permitir el contraste de la autenticidad de estos documentos mediante el acceso a los archivos electrónicos de la Administración Pública, órgano o entidad emisora, protegiendo además la privacidad de los datos personales.
Blanca Garau
