El Ayuntamiento de Calviá ha entregado a la Fiscalía los resultados del informe fruto de una información reservada de carácter interno emprendida después de la publicación en el diario Ultima Hora del 28 de septiembre de 2014, de que un empresario de Magaluf (responsable del Bar 29 había acudido a los Juzgados por corrupción policial.
El consistorio recuerda que en esas mismas fechas se produjo una constancia documental en el registro municipal «mediante la cual se informa, por parte de dicho propietario, que ha presentado una querella contra los funcionarios actuantes por un presunto delito de prevaricación, falsedad documental y coacciones».
El informe entregado a la fiscalía por el Ayuntamiento de Calvià facilita datos sobre las actuaciones realizadas en el Bar 29 y aporta, «con total transparencia y detalle», todas las intervenciones realizadas por la policía local.
Explican que después de realizar el análisis de la información obtenida, «se valorará la posibilidad de presentar una denuncia penal contra el autor de las citadas acusaciones, por si pudiera existir un delito de calumnias, realizadas por escrito y con publicidad, al acusar, directamente, a los funcionarios públicos de la comisión de diversos delitos».
Insisten en que el «Ayuntamiento, tiene el máximo interés en que se aclaren y depuren todos los comportamientos que pudieran ser constitutivos de cualquier tipo de infracción penal o administrativa, por lo que investigará cualquier actuación que sea denunciada por los conductos legalmente previstos, facilitando a las autoridades judiciales de forma inmediata toda la información de la que disponga».
Dejan claro que desde el gobierno municipal «no se permitirá que se generalicen las acusaciones por cualquier motivo, en especial, las que pudieran realizarse fuera de los conductos legalmente establecidos y las que carezcan de la más mínima coherencia y objetividad, siendo por tanto gratuitas».
Insisten en que «no resulta inverosímil pensar que, en estos momentos, se puede estar intentando generalizar diversas acusaciones de comportamientos ilegales contra la Policía Local, con el fin de intentar evitar el tener que asumir responsabilidades por hechos realizados que ha sido denunciados por la Policía».
Por otra parte remarcan «la plena y absoluta confianza» en los funcionarios y en su ardua labor diaria.
