El primer pleno ordinario del año 2018 en el Ajuntament de Calvià ha girado, principalmente, en torno a temas urbanísticos, como la revisión del PGOU, las posibles irregularidades de la costa (como el empedrado sin licencia en la costa de Bendinat que ya está supervisando el Seprona) y la necesidad de evaluar los 54 kilómetros de litoral “con prontitud, aunque no es posible antes del verano”, para la detección de otras ilegalidades invasoras de espacios públicos y también alteraciones urbanísticas en zonas privadas que traspasen la normativa.
La moción de Esquerra Oberta, que lanzaba la necesidad de revisar las construcciones costeras, se remonta al pasado 8 de enero de este año, cuando desde Bendinat denunciaban el empedramiento y cimentación sin licencia de una zona pública. Una rápida actuación municipal maridada con Costas llevó a identificar a la empresa responsable y el correspondiente curso sancionador.
Plan General de Ordenación Urbanística
El retraso en los plazos de desarrollo del PGOU derivó en recriminaciones de Rafel Sedano a los socialistas por su “falta de transparencia, falta de información y falta de participación”. El primer edil, Alfonso Rodríguez Badal, terminó por reconocer que “tal vez” no habían actuado correctamente “en el fondo y en las formas”, reiterando a la vez su intención de reunirse, de manera regular, con todos los partidos para alcanzar un consenso.
También se aprobaron las condiciones y prescripciones para autorizar las obras en el paseo litoral de Santa Ponça, con la autorización y la adjudicación de la empresa. La concesión es para ocupar dos mil trescientos veintisiete (2.327) m2 dominio público marítimo-terrestre con destino a la mejora paisajista del frente marítimo, en el tramo de costa de Santa Ponça.
Suspensión de licencias
Respecto de la propuesta llevada por urgencia desde el equipo de gobierno, se recogen tres puntos que quiere aclarar el consistorio mediante un comunicado:
– Con el primer punto, lo que se propone -ante las dudas jurídicas que se hayan podido originar- es aclarar que la suspensión de licencias aprobada tiene efectos a partir de su publicación en el BOIB el 2 de noviembre, y que no afecta a los expedientes presentados antes de dicha fecha.
– Por otro lado, se propone suspender la solicitud de expropiación instada por las entidades Es Mollet SA y s’Hostalet S.A de terrenos situados en Costa d’en Blanes (se trata de una primera línea que afecta los terrenos donde están Marineland y el Sporting). El PGOU vigente contemplaba la expropiación de estos terrenos.
Durante todos estos años la expropiación no se ha ejecutado y ahora estas entidades han solicitado que se ejecute dicha expropiación, acogiéndose a su derecho. Lo que se propone desde el Ajuntament es dejar sin efecto la solicitud hasta que se apruebe el nuevo PGOU, ya que supondría un gran desembolso para las arcas municipales, que los solicitantes valoran en 98 millones de euros, aproximadamente.
– En tercer lugar se hace una corrección del acuerdo de suspensión de licencias para aclarar una confusión que podía generarse en dos términos que aparecen en la documentación, que alguna entidad, como el GOB, había pedido que se clarificara.
Sociedad
Por otra parte, se aprobaron las mociones de Esquerra Oberta de promocionar campañas para el uso del preservativo en prevención del VIH, la defensa de un sistema de pensiones equitativa y el apoyo a la activista Ahed Tamimi y su madre, que fueron arrestadas la madrugada del 18 de diciembre.
Ahed, es una chica de 16 años, miembro de una conocida familia de activistas por los derechos del Pueblo palestino, que se ha convertido en un referente de la heroica resistencia del pueblo palestino frente al ejército sionista de ocupación de Palestina.
Tamimi ha sido acusada de varios delitos por un tribunal militar relacionados con impedir a los soldados cumplir las órdenes recibidas. La menor está en situación de aislamiento, atada de pies y manos, lo que supone una vulneración incuestionable de toda la legislación internacional en relación con el trato a menores, así como de los Derechos Humanos, y la decisión será trasladada a diferentes estamentos nacionales e internacionales.
Una información de Blanca Garau
