Los Graduados Sociales de Baleares piden ingresar en el turno de oficio para aliviar el colapso judicial

mayo 2, 2020

 

Apol·lònia Julià, presidenta del Colegio de Graduados Sociales de Baleares, considera que la incorporación de estos profesionales al sistema de asistencia jurídica gratuita aliviará el colapso judicial que se avecina.

 

El Colegio de Graduados Sociales de Baleares ha planteado una serie de alegaciones al primer documento de trabajo elaborado por el Consejo General del Poder Judicial sobre las nuevas medidas organizativas procesales que tienen como objetivo agilizar la Administración de Justicia una vez que finalice el estado de alarma decretado por la crisis sanitaria del coronavirus.

Apol·lònia Julià, presidenta de la institución colegial ha aclarado que la previsión de caos en los Juzgados de lo Social tras la declaración del Estado de alarma, con aglomeración de casos suspendidos, a los que deberemos sumar los que se han producido y producirán derivados de extinciones laborales y modificaciones de condiciones laborales por la Crisis de Covid-19 hace​ pensar en una reforma necesaria y más valiente que la anunciada por el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.

En lo que se refiere a la jurisdicción social, la presidenta propone​ que se amplíe el número de juzgados de lo Social, y que se designe a uno de ellos solo para ejecuciones. “En nuestra CCAA hay ocho juzgados de lo Social:​ cinco​ en Palma, uno en Ibiza y otro en Menorca. Totalmente insuficientes para cubrir la demanda ya existente y evidentemente, la futura. Si además de crear mínimo dos juzgados más, uno de ellos absorbiera​ todas las ejecuciones de manera exclusiva, agilizaría mucho los trámites, más si tenemos en cuenta la avalancha de asuntos que se avecina en esta jurisdicción”.

Respecto a la medida que plantea que el mes de agosto sea hábil para las actuaciones judiciales, la presidenta del colegio dice lo siguiente: “Los graduados sociales consideramos que​ debería haberse habilitado solo la primera semana de agosto para los señalamientos y que las otras tres semanas se respeten como vacaciones, intensificando el trabajo en los Juzgados el resto de meses”.

Asimismo, los graduados sociales recuerdan​ que si bien la Ley 42/2015 de 5 de octubre de Enjuiciamiento Civil reconoció la capacitación de los graduados sociales para formar parte del turno de oficio en igualdad de condiciones que los abogados, queda pendiente a día de hoy su regulación y reclaman en estos momentos, más necesarios que nunca, su inclusión en el sistema de asistencia jurídica gratuita. El propio informe del CGPJ recoge que, probablemente, nos encontremos ante 45.000​ demandas de impugnación colectiva de los ERTEs generados​ por la incidencia en el mercado laboral de la pandemia, además de otras 80.000 demandas de impugnación individual de los mismos.​      

Esto significa que, en​ tan solo un mes, entrará en los juzgados de lo Social el equivalente al nivel de entrada de pleitos de 10 años.​ Junto a ello, se iniciarán numerosos litigios por despidos, por modificación sustancial de las condiciones de trabajo, por falta de abono o retrasos continuados en el pago de los salarios pactados, de descuelgues de convenios colectivos, de solicitud de prestaciones por desempleo o de reclamación de prestaciones de la Seguridad Social, entre otros muchas cuestiones que se someterán al conocimiento de la jurisdicción social.

Por eso, el colectivo de graduados sociales “está dispuesto a colaborar, si así se estima conveniente, en el turno de oficio, habida cuenta las circunstancias tan graves que estamos viviendo, en aras de garantizar la tutela judicial efectiva mediante una defensa adecuada de los intereses del justiciable”.

Por último, Apol·lònia Julià manifiesta su preocupación​ por la demora que esta situación de colapso futuro de los Juzgados podrá acarrear a miles de ciudadanos que, ante situaciones de impugnación de altas médicas, incapacidades permanentes o reclamaciones de cantidad, expedientes que en estos momentos pueden demorarse meses, puedan convertirse en demoras de años y que por tanto, se creen situaciones de verdadera necesidad e injusticia social.




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