El alcalde de Calvià, Manuel Onieva, responde a las críticas del PSIB/PSOE, que le exigía adoptar medidas disciplinarias contra el exjefe de la Policía Local del municipio, José Antonio Navarro. Asegura el primer edil «no entender» la petición porque considera que se ha actuado de manera «inmediata y contundente» al amparo del artículo 22 de la Ley 4/2013, de 17 de julio, de Coordinación de las Policías Locales de Baleares, relevando del cargo que ostentaba, «aún desconociendo, todavía a día de hoy, los delitos que se le imputan debido a la existencia del secreto de sumario sobre el caso».
Recuerdan que también se procedió a la apertura de una información reservada sobre el tema con el fin de establecer las actuaciones pertinentes y siempre acordes con las decisiones que se deriven del proceso judicial.
“Sigo manteniendo que hay que ser prudente y respetar el principio básico de la presunción de inocencia”, indica Onieva, para añadir a continuación que, “desde el primer día de su ingreso en prisión, José Antonio Navarro ha dejado de cobrar las retribuciones complementarias que le corresponderían por el ejercicio de las funciones de Jefe del Cuerpo”.
En este sentido, el consistorio informa que fuentes jurídicas municipales señalan que la suspensión cautelar de empleo y sueldo que reclama la oposición no implica la pérdida de todas las retribuciones ya que la Ley establece que, en las suspensiones cautelares, sólo se dejan de abonar aquellas que son de carácter complementario. Remarcan que “solo se eliminarían las demás cuando existiera una resolución administrativa o judicial en firme”. En este mismo sentido argumentan que la decisión adoptada de relevar de su cargo a José Antonio Navarro representa, de facto, «una medida muy similar a la solicitada por los representantes socialistas». Además, entienden que esta decisión «cumple escrupulosamente la Ley» y no parece que exista controversia jurídica sobre la misma. Concluyen que «por contra, si se hubiera incoado un expediente sancionador contra el funcionario, como solicita el PSIB, no se podría cumplir la exigencia jurídica de informarle previamente y de forma inmediata de los ilícitos penales o administrativos que pudiera haber cometido, vulnerando, de este modo, los Derecho Fundamentales recogidos en la Constitución en su artículo 24. 2 donde se indica claramente que todas las personas tienen derecho a ser informados de la acusación formulada contra ellos”.
Por tanto, las mismas fuentes concluyen que “no puede existir duda alguna de que es imposible, en estos momentos, la apertura de un expediente disciplinario previo a la adopción formal de una medida cautelar, sencillamente porque, al existir secreto de sumario sobre la causa, se desconocen los hechos y las posibles infracciones cometidas y tampoco se podría informar al Sr. Navarro de la acusación formulada en su contra, tal como exige la Constitución”.
Cabe recordar, en este sentido, que el Ayuntamiento se ha personado en el sumario con el fin de poder conocer los hechos ocurridos de manera inmediata, una vez se levante el secreto de sumario, y, de esta forma, poder adoptar las medidas oportunas entre las que cabría la suspensión cautelar.
En función a estos hechos, el Alcalde considera que las decisiones adoptadas hasta ahora han sido “rápidas, contundentes y han tenido los mismos efectos materiales que la medida cautelar de suspensión de empleo y sueldo de carácter formal pero respetando en todo momento los Derechos Fundamentales y la legalidad vigente y evitando una posible responsabilidad del Ayuntamiento como consecuencia de haber cometido una ilegalidad”.
“Actuamos sin precipitación pero con contundencia y, lo que es más importante, desde la legalidad”, concluye Onieva, quien ha criticado que otros prefieran “posicionamientos populistas o mediáticos carentes de responsabilidad”.
Por otra parte, ha explicado, también, que la comisión informativa especial que debe investigar la problemática suscitada tras ser encarcelados tres policías locales del municipio, entre ellos el ya ex jefe de la Policía Local, no ha fijado todavía una fecha de inicio para comenzar sus reuniones al estar pendiente de conocerse el nombre de las personas designadas por el grupo municipal socialista que participarán en la misma. Hasta la fecha, tan sólo el PP ha hecho entrega del escrito en el que figuran los integrantes que trabajarán en la citada comisión especial representando a la formación.
Onieva ha mostrado su sorpresa ante las críticas vertidas al respecto por el portavoz municipal socialista, Alfonso Rodríguez, dado el acuerdo que habían alcanzado recientemente ambos partidos a la hora de tratar el tema de Magaluf como “una cuestión de Estado y sin colores políticos”.
